ANTIGUEDAD AUTORIDADES

[Roberto Sánchez]

En el día de ayer, la Comisión Directiva de A.D.U., envió al Consejo
Superior de nuestra Universidad la nota que transcribimos a
continuación.

                                                            Roberto
Sánchez
-------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                San
Luis, 13 de octubre de 1998

Al Consejo Superior de la
Universidad Nacional de San Luis


Visto el comunicado de prensa, aprobado en la sesión del 22/9/98,
referente al "...pago de antigüedad docente al personal de los cuadros
directivos..." de nuestra Universidad, nos dirigimos a Uds. a fin de
hacerles llegar la posición de la Comisión Directiva de A.D.U..

El comunicado, en su primer punto dice textualmente

"El reconocimiento de la antigüedad docente alcanza a las autoridades
electas de la U.N.S.L. , a partir de agosto de 1998, las que hasta ese
momento venían cobrando antigüedad administrativa. De ninguna manera se
trata de un aumento de salario."

Al respecto decimos
a) El reconocimiento de la antigüedad se establece a partir de agosto de
1998. Según el punto 6 del mismo comunicado, debido a las restricciones
presupuestarias actuales se suspendería la aplicación de la medida, lo
cual no exime a la Universidad de pagar, cuando las condiciones lo
permitan,  todos los retroactivos que la suspensión de la medida haya
devengado desde agosto del 98. O sea la Universidad iría acumulando una
deuda quizás difícil de afrontar.

b) La antigüedad es parte del salario de cualquier empleado. Si la
modificación de la misma, bajo cualquier criterio, produce un incremento
en la remuneración, este es un aumento salarial.

El punto 2 del comunicado, se refiere al marco legal de la medida.

El 10 de septiembre del corriente año, hace apenas un mes atrás, la
CONADU , luego de una larga y trabajosa negociación paritaria, que llevó
casi 10 meses, logró que se distribuyeran 50 millones de pesos
correspondiente al plan plurianual. Esto se traduce, en un incremento
salarial de 18 pesos por mes en las categorías más altas con
dedicaciones exclusivas.

El solidario criterio sostenido por la CONADU, fue el de favorecer con
mayor aumento a quienes cobraban menos debido a un injusto nomenclador
impuesto por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Así,
obviamente, este aumento no llega a las autoridades de las Universidades
Nacionales, por que no son, justamente, las que menores salarios
perciben.

Aducir, que en función de la distribución de los 65 millones del Plan
Plurianual, las autoridades no recibieron un aumento salarial y por este
motivo se propone un aumento mediante el cambio de antigüedad es, además
de arbitrario injusto. Arbitrario porque sólo se aplica a las
autoridades electas, injusto porque los aumentos no son ni siquiera
comparables.

Los fondos del Plan Plurianual no están incluidos en el presupuesto
histórico de las Universidades, cualquier aumento en el salario de las
autoridades universitarias deberá ser absorbido por el presupuesto de la
Universidad, el cual, según las declaraciones de las mismas autoridades,
es insuficiente para el presente año y más deficitario aún para el año
que viene.

Es comprensible entonces la reacción de rechazo que, la implementación
de esta medida, causó en gran parte de la comunidad universitaria,
manifestación que se vio plasmada en una nota enviada al Consejo
Superior, avalada por más de 200 firmas,  la cual ni siquiera fue leída.



Es posible que el cambio de antigüedad se encuadre en un excelente marco
legal, lo que creemos es que, sin duda, no se encuentra en el mejor
marco político.


El punto 3 se refiere a la aplicación de la medida.

"Se aplica a las autoridades que se estén desempeñando exclusivamente en
gestión, y que por lo tanto no gozan de otros beneficios docentes (tales
como el cobro de incentivos)".

El único cargo que fija la ley con dedicación exclusiva a la gestión es
el de Rector.

El Vicerector, decanos y Vicedecanos,  secretarios del rectorado y
secretarios de facultades, en su gran mayoría, son docentes que se
desempeñan con semi dedicación al cargo de gestión y semi a la docencia.
Debido a la semi dedicación a la docencia cobran menos de la mitad de
los incentivos. Por verse perjudicados en el cobro de incentivos,
podrían reclamar que en el cargo de gestión se les reconociera también
antigüedad docente, de tal forma, los incrementos no serían sólo para
las autoridades electas y los costos considerablemente mayores.

El punto 4 dice:

"Dicha antigüedad ya se paga en otras universidades e incluso ha sido
objeto de juicios laborales su no pago".

Tenemos entendido que, la antigüedad docente, se paga sólo en tres
universidades (Buenos Aires, Cuyo y Tecnológica), o sea no se paga en
más de treinta universidades, luego este no es un problema del Consejo
Superior de nuestra Universidad, es un problema nacional y debería ser
planteado en el C.I.N..


Además, los juicios laborales fueron planteados, entre otros, por un
Secretario Académico de una de las delegaciones de la Universidad
Tecnológica Nacional, y la Resolución 1261/95 de la Universidad de
Buenos Aires en su Art. 1° hace extensivo este beneficio a Secretarios,
Subsecretarios y Directores, lo cual reafirma lo expuesto en el punto
anterior.


El punto 5, se refiere a una "...retención indebida de haberes..." .




Todas las autoridades electas recientemente en nuestra Universidad,
cargos a los que accedieron a través de una voluntaria presentación como
candidatos, conocían de antemano qué salarios iban a percibir y cómo
eran liquidados. Puede ser que jurídicamente los reclamos tengan cabida,
lo que es muy difícil es que estos reclamos sean éticos, ya que depende
de esas mismas autoridades aprobar o no el aumento.


Por último, si todo esto no se trata de un aumento salarial y sólo se
quiere dejar blanqueada una cuestión jurídica, creemos que el cargo y
los salarios de las autoridades se deben plantear en su totalidad, desde
un punto de vista netamente docente, en donde se incluya la antigüedad
correspondiente y los sueldos básicos equiparados también a cargos
docentes y no, como se pretende hacer.

Sin otro particular nos despedimos de Uds. atentamente.


Roberto Sánchez
Sec. General A.D.U.